Por: Oswaldo Vargas Pinzón
Diario La República
Miércoles 27 de abril de 2005

Un total de 8 billones de pesos cuestan al año los accidentes laborales en Colombia. Así se desprende de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dado a conocer por Juan Carlos Llano, director general de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social.

Llano advirtió que según el estudio, países como Colombia destinan 4 puntos del PIB (8 billones de pesos) en gastos directos e indirectos generados por todo tipo de accidentes ocurridos en el lugar de trabajo.

Con el fin de disminuir estos altos costos, el Ministerio de Protección Social lanzó ayer un ambicioso plan de prevención y promoción que busca que un mayor número de colombianos se afilie al Sistema General de Riesgos Profesionales y eviten al máximo los accidentes en el lugar de trabajo.

Actualmente de los 20 millones de colombianos en capacidad de trabajar, sólo 5 millones están afiliados a alguna Administradora de Riesgos profesionales (ARL). Sin embargo, se deben excluir cerca de 2,5 millones de desempleados, así como los trabajadores que no tienen ningún vínculo contractual como los campesinos, ganaderos, artesanos, independientes, informales y personas al margen de la Ley.

Así las cosas, en total 1,5 millones de trabajadores con contrato laboral, no tienen cobertura asistencial en salud en caso de accidentes por causas laborales y sus empleadores están evadiendo el pago de las contribuciones.

El Ministerio de la Protección Social ha considerado necesario implementar un plan de acción para promover y prevenir, dirigido a mejorar las condiciones de salud y trabajo de la población vulnerable y a reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, por lo que lanza hoy su campaña Cuida tu salud en el trabajo conformada por diversas piezas de comunicación que pretenden sensibilizar sobre aspectos de la vida diaria, dijo Llano.

El funcionario explicó que los 5 millones de afiliados a ARL, registran cerca de 300 mil accidentes al año, lo que representa gastos en prestaciones por 700 mil millones de pesos.

Es necesario aclarar que el estudio de la OIT, tuvo en cuenta no sólo los afiliados, sino a toda la población en condiciones de trabajar. Así mismo incorporó los gastos indirectos, es decir los generados por cese de actividades en las empresas y otras prestaciones.

Según indicadores del Ministerio, la población más vulnerable es la que se dedica a la agricultura, ganadería, minería, pesca y silvicultura, comercio, artesanos, manufactura, servicios y transporte.

Características

Según el Ministerio, la población vulnerable del sector informal está representada en pequeños o micro negocios que tienen escaso capital y baja productividad. Por esta razón demanda mano de obra intensiva no asalariada, con baja calificación, vinculada de manera ocasional, familiar o personal y con gran movilidad. Así no pueden cumplir con las reglamentación vigente en materia laboral para ofrecer mejores condiciones a los empleados y sus familias.

Cabe destacar que la administración distrital de Bogotá también está realizando un programa de cultura de salud ocupacional y autocuidado para trabajadores informales del sector metalmecánico ubicados en las localidades de Mártires, Teusaquillo, Puente Aranda, Engativá, Fontibón, Antonio Nariño y Barrios Unidos, llegando a más de 1.800 trabajadores.

De los proyectos ejecutados, 75 por ciento contempló el desarrollo de actividades de caracterización de condiciones de salud y de trabajo; 20 por ciento de capacitación y 5 por ciento restante de vigilancia epidemiológica.

Uno de los principales componentes para lograr disminuir los riesgos laborales en esta población es por medio de la campaña de sensibilización social bajo el slogan cuida tu salud en el trabajo encaminada a promover que el trabajador asuma una actitud consciente y responsable de auto cuidado, la prevención de comportamientos riesgosos, el buen uso del tiempo libre, el manejo seguro de máquinas, equipos y herramientas de trabajo, así como propiciar condiciones de trabajo que protejan la salud y la vida tanto de los trabajadores como de las comunidades vecinas.