A excepción de las entidades operadoras de libranza vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio sería la entidad encargada de velar por la protección al consumidor en las operaciones de adquisición de bienes o prestación de servicios en que se otorgue financiación de forma directa.
La iniciativa fue asignada a la Comisión Tercera del Senado y se encuentra a la espera de ponencia para primer debate.
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